Una mañana reciente en la pequeña ciudad de Alpine, trabajadores del Centro de Crisis Familiar del Big Bend celebraron una reunión y se colocaron cintas naranjas en las camisetas en reconocimiento al mes de concientización sobre la violencia en las relaciones sentimentales entre adolescentes, que se celebra en febrero.
Esta organización sin fines de lucro, con casi 40 años de antigüedad, dedicada a ayudar a sobrevivientes de delitos como la violencia doméstica y las agresiones sexuales, recaudó recientemente más de un millón de dólares para comprar y renovar un nuevo edificio para su sede, que incluye un refugio de emergencia.
El centro es una de las únicas organizaciones de este tipo en una región de cinco condados del oeste rural de Texas, un lugar donde, según defensores, estos delitos apenas se denuncian, al igual que en todo el país.
Aunque combatir estos delitos generalizados a nivel local no es tarea fácil, trabajadores del centro de crisis afirman que mantienen el compromiso de afrontar los problemas, a pesar de las dificultades inherentes a realizar este trabajo en una de las zonas rurales más remotas del país.
Leticia Carrillo es la directora ejecutiva del grupo. Antigua agente de policía local afirma que ni siquiera ella se daba cuenta de lo amplios que son los servicios del centro.
“No solo ofrecemos refugio de emergencia”, explica. “Ofrecemos asesoramiento, ayuda económica, ayuda para encontrar empleo y ayuda para el cuidado de los niños”.
Alguien que se ha beneficiado directamente de estos servicios es Delisa Kearns, una madre soltera de Alpine. Se separó de su marido y luego sufrió un derrame cerebral debilitante en 2018 que la llevó a acudir al centro de crisis.
Kearns afirma que es difícil expresar con palabras el trauma y el abuso y buscar ayuda. Pero cuando lo hizo, el centro de crisis se apresuró a proporcionarle artículos básicos para el hogar, ayuda económica para pagar las facturas y apoyo emocional para ella y sus dos hijas.
“Nadie elige ser maltratada, nadie elige casarse para divorciarse, simplemente sucede”, dijo Kearns. “Solo esperas vivir el día a día”.
El centro de crisis ofrece otros servicios sociales esenciales, como transporte —llevar a residentes a citas médicas y aeropuertos en ciudades a horas de distancia— y distribución de alimentos.
“Tenemos que asumir y hacer cosas que quizá no estén realmente dentro de nuestro ámbito”, dijo Carrillo. “Pero lo hacemos porque, si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hará?”.
Las oficinas satélite de la organización en Presidio y Terlingua reflejan el carácter de las comunidades a las que prestan servicio: la sede de Terlingua, situada en el corazón de la ciudad fantasma, tiene suelos de piedra, techo de bambú e incluso un correcaminos que vive allí.
Mike Drinkard, defensor de sobrevivientes desde hace 20 años, se encuentra allí casi todos los días.
Una vez al mes, la oficina sirve como centro de distribución de alimentos para toda la zona y voluntarios reparten cientos de cajas de suministros.
“Los días en que tenemos comida, hay comida por todas partes y todas las neveras están llenas”, dijo Drinkard.
La sede de Terlingua también es conocida por sus grupos de apoyo y sus clases de arte. Drinkard afirma que su trabajo es emocionalmente delicado y que le exige no juzgar a nadie.
“Pero adoptamos un enfoque basado en el trauma, simplemente sabiendo cuáles son sus efectos y poniéndonos en su lugar”, explica.
Según la organización sin fines de lucro, el centro de crisis atiende a unas 1300 personas al año, principalmente mujeres. El año pasado, el grupo recibió a unas 200 nuevas personas. Virginia Sandoval, cliente y defensora legal, afirmó que, estadísticamente, esa cifra debería ser mayor, dada la amplia zona de servicio de la organización sin fines de lucro.
“No tenemos una población muy grande, pero no somos inmunes a este tipo de agresiones”, dijo. “Lo sabemos porque nos enteramos de que la gente no está acudiendo a nosotros”.
Sandoval dijo que el miedo, el estigma y la falta de fe en el sistema legal mantienen a la gente alejada. Por eso su grupo amplía su alcance organizando programas de educación y sensibilización, en los que los defensores hablan con los estudiantes sobre temas como las relaciones saludables y el ciberacoso.
Sandoval dijo que a veces observa a estudiantes entre la multitud, buscando reacciones visibles en quienes cree que podrían estar en una relación abusiva.
“Y en sus ojos se ve, por un instante, esa expresión de oh, vaya”, dijo. “Pero luego se apaga rápidamente porque no quieren que nadie más sepa que han hecho algún tipo de gesto, que los han delatado”.
Sandoval no ha tenido ni un solo cliente que haya presentado cargos por abuso o agresión en el último año. El grupo de defensa Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN o Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto), citando datos del FBI, informa que de cada 1000 agresiones sexuales, solo 25 dan lugar a penas de cárcel.
Kearns afirma que, aunque su decisión de abrirse a los defensores locales no fue fácil, el cuidado constante que le han brindado la hace sentir como si formara parte de una gran familia.
“Especialmente a lo largo de los años, cuando lo último que quieres hacer es pedir ayuda porque no sabes cómo hacerlo, y cuando finalmente lo haces y la gente acude a ti para ayudarte, es increíble”, afirma.
Aunque los servicios del centro de crisis son gratuitos, la organización no recibe ni un dólar de la mayoría de los gobiernos locales a los que presta servicios, excepto del condado de Brewster y de la ciudad de Alpine, que contribuyen con alrededor de 3200 y 9500 dólares al año, respectivamente.
Carrillo, la directora ejecutiva, dijo que le gustaría ver más inversión por parte de esas entidades en el futuro, dados los recursos vitales que aporta el centro.
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